Durante el mes de marzo se celebra el Día Internacional de los Datos Abiertos (Open Data Day), con el objetivo de fomentar el uso de estos recursos en distintos ámbitos, como la administración pública, la educación, la transparencia, la ciencia y la innovación social.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), los datos abiertos son aquellos de carácter digital, disponibles al público sin restricciones de confidencialidad, y con las condiciones técnicas y legales adecuadas para su libre uso, reutilización y redistribución.
En términos de transparencia, permiten a los ciudadanos monitorear las acciones del Estado, evaluar políticas públicas y prevenir actos de corrupción. Además, impulsan la economía, ya que empresas y emprendedores pueden desarrollar productos y servicios basados en esta información, así lo explica Diego García Vélez, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
El académico sostiene que el Ecuador ha logrado importantes avances en materia de datos abiertos, pero aún enfrenta desafíos importantes. Para entender su evolución, es importante remontarnos al año 2011, cuando se creó a nivel mundial la Open Government Partnership (OGP) o Alianza para el Gobierno Abierto.
Desde su creación, la OGP ha expandido su alcance hasta incorporar a más de 70 países y 150 gobiernos locales. Nuestro país se unió a esta iniciativa en 2018 con el lanzamiento de la plataforma datosabiertos.gob.ec con información sobre presupuesto, contrataciones públicas y gestión ambiental. Sin embargo, el acceso a la información gubernamental sigue siendo limitado y, en muchos casos, desactualizado.
“No solo el gobierno nacional forma parte de la OGP, sino también gobiernos locales como la Prefectura de Pichincha, el Distrito Metropolitano de Quito, la Prefectura de Pastaza y la Prefectura de Santo Domingo, entre otros”, agregó.
Posteriormente, en 2022, el país adoptó su primera Política de Estado Abierto, regulada por el Ministerio de Telecomunicaciones, que busca promover la apertura de datos en las instituciones del sector público, especialmente en aquellas que forman parte de la administración central. Ya en 2023 se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, resalta García, el país ocupa una posición media en comparación con otros países de la región, con puntajes bajos en disponibilidad y reutilización de la información. La falta de interoperabilidad entre plataformas gubernamentales y la ausencia de una cultura de transparencia en algunas instituciones dificultan el acceso y uso efectivo de estos datos.
Las universidades e institutos de investigación tienen un papel clave en el desarrollo de datos abiertos. La UTPL, por ejemplo, ha impulsado proyectos de análisis de datos en áreas como salud pública y gestión ambiental, con lo que contribuyen con información valiosa para la toma de decisiones. Y se siguen sumando más iniciativas, acorde a los requerimientos de la ciudadanía.
“A través de la carrera de Administración Pública, estamos desarrollando dos proyectos relacionados con datos abiertos. El primero es una ordenanza de gobierno abierto, en colaboración con el Municipio de Loja. El segundo es un portal también con el Municipio denominado Estándares Internacionales y Gobierno Abierto", comentó.
A lo largo del segundo, toda la información relacionada con proyectos municipales, como los detalles de los presupuestos y las fechas de ejecución, se carga en una plataforma, en colaboración con la carrera de Computación.
Con ello, se pretende que la información esté liberada y disponible para cualquier ciudadano. Por ejemplo, si alguien quiere conocer un proyecto de regeneración o reforestación en un determinado sector, podrá acceder a la plataforma y encontrar detalles como el presupuesto asignado, los responsables de la ejecución y la fecha de realización.
Aunque Ecuador ha dado pasos importantes, aún persisten desafíos y la cooperación entre los distintos actores del país, como universidades y gobiernos, es fundamental para continuar avanzando hacia un modelo de gobierno más abierto y accesible.
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