En el siglo XXI, los antibióticos, uno de los avances médicos más revolucionarios de la historia, enfrentan un dilema que amenaza con deshacer décadas de progreso: su uso inadecuado. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) es hoy una de las principales amenazas para la salud pública, pues reduce la capacidad de tratar infecciones y podría causar millones de muertes en el futuro si no se controla. Un estudio publicado en The Lancet reveló que en 2021 la RAM contribuyó a 322.000 muertes en América Latina y el Caribe, y que, de mantenerse la tendencia, la cifra podría llegar a 650.000 para 2050, situando a la región entre las de mayor mortalidad por esta causa en todas las edades.
En Ecuador, el 25% de los pacientes reconoció haberse automedicado con antibióticos en el último año, una práctica impulsada por la disponibilidad de estos medicamentos en farmacias sin requerir una prescripción formal según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero más allá de los datos biomédicos, el problema plantea el desafío ético de ¿cómo equilibrar la demanda inmediata de un paciente con la necesidad de proteger la eficacia de los medicamentos para las generaciones futuras?
Este fue el punto de partida del encuentro Diálogos Éticos, organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que abordó “El uso irracional de los antibióticos: una mirada ética”. En el mismo participaron cuatro voces clave: Rodrigo Astudillo Romero, docente de la carrera de Medicina de la UTPL; Gabriela Saritama Rodríguez, funcionaria del Hospital Manuel Ygnacio Monteros del IESS; María Eras, analista técnica de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); y Fernanda Cuesta Rengel, reconocida como mejor estudiante 2025 de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la UTPL.
El evento propuso un diálogo abierto, en el que los ponentes expusieron casos reales y dilemas cotidianos que atraviesan la práctica médica y farmacéutica. Rodrigo Astudillo narró un caso que resume el conflicto ético. Un paciente exigía un antibiótico para tratar síntomas claros de una infección viral, un cuadro en el que estos medicamentos no tienen efecto.
“La presión del paciente, sumada al temor de que la situación se agrave y a la falsa creencia de que ‘no le hará daño’ coloca al médico frente a una decisión difícil”, señaló. El problema, añadió, no se limita a los riesgos inmediatos como diarrea o alergias, sino que incluye un impacto comunitario: cada dosis innecesaria ejerce presión sobre las bacterias, lo que acelera la aparición de cepas resistentes que pueden circular durante meses e incluso transmitirse a otras personas.
Desde el ámbito hospitalario, Gabriela Saritama detalló la experiencia del Programa de Optimización de Antibióticos (PROA), implementado en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros. Gracias a este plan, el centro cuenta hoy con 11 protocolos actualizados y un sistema de clasificación de fármacos, según la guía AWaRe de la OMS. Bajo este esquema, los antibióticos de las categorías más restringidas solo se dispensan con una justificación clínica validada por un farmacéutico. Los resultados han evitado tratamientos redundantes, se han ajustado dosis a pacientes con insuficiencia renal y se han bloqueado prescripciones de antibióticos de última línea sin sustento.
“Cada intervención oportuna no solo protege al paciente, sino que preserva herramientas terapéuticas para el futuro”, enfatizó Saritama.
Por otra parte, María Isabel Eras expuso el marco normativo que regula la dispensación de antibióticos en Ecuador. La Ley Orgánica de Salud y las resoluciones de ARCSA exigen que todo medicamento de este tipo sea vendido únicamente con receta médica válida y registrado en controles internos de las farmacias. Sin embargo, la funcionaria advirtió que el cumplimiento es irregular y que las inspecciones (focalizadas y aleatorias) evidencian aún dispensación sin receta.
“Un antibiótico mal usado hoy puede ser un tratamiento ineficaz mañana”, recalcó, a la vez que subrayó la corresponsabilidad que deben asumir tanto reguladores como profesionales de la salud.
La intervención de Fernanda Cuesta abordó un problema cultural: la percepción errónea de que un antibiótico es “solo una pastilla más”. Con ejemplos simples, comparó la apariencia de un analgésico con la de un antibiótico y evidenció cómo muchos pacientes desconocen sus diferencias y riesgos. La estudiante alertó además sobre el vacío legal en la exigencia de receta para la venta de antibióticos, pues no existen sanciones claras, lo que limita su control.
“Decirle ‘no’ a un antibiótico sin receta es también una forma de cuidar”, sentenció.
El diálogo entre los panelistas dejó clara que la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos requiere acciones simultáneas en varios frentes: educación al paciente para evitar la automedicación, protocolos estrictos en hospitales, control riguroso en farmacias y ética profesional que priorice el bien común sobre la complacencia inmediata.
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