En agosto de 2019, surgió una gran preocupación impulsada por activistas ambientales y políticos respecto a los incendios registrados en la Amazonía. A eso se sumó el oscurecimiento del cielo de Sao Paulo en pleno día del 19 de agosto. Las tendencias en redes sociales llamaron la atención de lo que se ha calificado como una crisis ambiental.

Aunque los incendios naturales y los provocados por actividades humanas no son nuevos en la Amazonía, hay varias razones por las cuales en las últimas semanas este tema ha alcanzado el estatus de controversia global. Veamos algunas de ellas:

Cifras preliminares y afectación ambiental

La Amazonía es considerada la suma de cuencas hidrográficas que alimentan al Río Amazonas que, a su vez, constituyen el bosque tropical más grande del mundo, el cual retiene enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, reduce el cambio climático, regula parte del clima de Sudamérica y emite grandes cantidades de oxígeno. Pero este año ha sido el peor año para la Amazonía en materia de incendios desde 2010. Cifras oficiales han registrado más de 87.000 incendios forestales en Brasil en los primeros ocho meses del año, mientras en 2018 hubo 49.000 en el mismo período. Para tener una idea del área que estos incendios deforestan, vale señalar que solo en julio pasado se habría perdido 1.864 km2 de selva, lo que equivale a más del triple que en el mismo mes de 2018.

Las regiones más afectadas de la Amazonía pertenecen a los estados brasileños del norte, como Roraima, Acre y Amazonas, y a sus zonas aledañas en Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.

Junto con el mayor número de incendios registrados desde 2010, también se ha producido la mayor cantidad de dióxido de carbono liberada hacia la atmósfera. Desde enero hasta agosto, los incendios han emitido el equivalente a 228 millones de toneladas de CO₂. Además, inmensas cantidades de monóxido de carbono (un gas tóxico) se han propagado más allá de las costas de Sudamérica, producto de la quema de madera.

La deforestación de la Amazonía al ritmo actual y el proceso de cambio climático a nivel global son una combinación peligrosa. La reducción de las lluvias crea condiciones de sequedad que ayudan a propagar los incendios, sean estos naturales o provocados. Cabe señalar que si se perdiera entre un 30% y 40% de los bosques amazónicos, toda la Amazonía entraría en peligro debido a cambios ecológicos irreversibles.

Los incendios en la Amazonía también ponen en riesgo a las plantas y animales que la habitan. Se estima que en la Amazonía hay unos tres millones de especies de plantas y animales: una de cada 10 especies del mundo  se encuentra en la región. Los incendios ponen en peligro directo a las especies de flora y fauna que viven en micro-hábitats y que no pueden huir, principalmente a todas las plantas y muchos de los anfibios, reptiles e invertebrados.

Además de las fatalidades directamente ocasionadas por el fuego, los incendios causan daño indirecto a las formas de vida que puedan de una u otra forma escapar, en especial a  los mamíferos grandes y la vida acuática. La destrucción de hábitats disminuye la probabilidad de supervivencia de los mamíferos desplazados. Por otro lado, si tras los incendios los bosques se reemplazan con terrenos de agricultura o ganadería, la vida acuática queda comprometida por cambios ecológicos en los ríos.

Posibles causas políticas

Aunque la quema de zonas amazónicas es un fenómeno que se evidencia desde hace varias décadas, es en las últimas semanas que actores políticos y activistas ambientales han apuntado al actual Gobierno de Brasil como responsable parcial del reciente incremento de incendios.

Según el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia de Brasil, el reciente aumento de incendios es producto de la deforestación intencional mas no el resultado de una estación extremadamente seca.

Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, ha blandido un discurso a favor de la liberación de espacio en la Amazonía para usos agrícolas, ganaderos y mineros desde que inició su campaña política. Con esta lógica extractiva de recursos, el Presidente ha ganado el apoyo de pequeños y medianos productores rurales y de grandes corporaciones agroindustriales y mineras. La retórica de apertura comercial ha sido complementada con un debilitamiento sistemático de las instituciones e iniciativas que regulan las actividades en la Amazonía y una abstención del Presidente al condenar la deforestación.

La tala de árboles es motivada por la búsqueda de tierras para agroindustria. El mecanismo por el que se obtiene derecho sobre las tierras es la ocupación económica: quema de bosque seguido de siembra para agricultura o ganadería. Las zonas que pueden ser potencialmente apropiadas conforman el 40% de la Amazonía, siendo estas propiedades privadas o territorios no designados.

Ante la presión política internacional, Bolsonaro ha levantado una prohibición de 60 días a la quema deliberada y ha desplegado 44.000 tropas para luchar contra los incendios. Sin embargo, solamente en los dos días que siguieron a la prohibición, se estima que se generaron cuatro mil  nuevos incendios.

La suma de estos eventos ha puesto en marcha una investigación de la Fiscalía Federal de Brasil en la que, entre otras cosas, se está determinando la participación de grupos delincuenciales y la ejecución de acciones orquestadas que podrían ser origen del aumento de incendios.

Cabe recalcar que las causas no son solamente internas. Las industrias del ganado y la agricultura en Brasil son masivas y buena parte de esos productos son comprados por otros países. Un 80% de la carne producida en Brasil se consume internamente y el 20% restante en el exterior. Aun así, Brasil es el mayor exportador     de este producto. De igual manera, es el principal exportador de soya a nivel mundial, de la cual un 13% se produce en la Amazonía.

Las corporaciones mineras han ejercido también presión por explotar la región. En la Amazonía, el 8% de las áreas protegidas y el 28% de las tierras indígenas han sido registradas oficialmente en el Ministerio de Minas y Energía como “zonas de interés minero”.

Derecho ambiental

Enrique Luzuriaga, docente investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL, señala que el problema político-legal en cuanto a los incendios no se debe a la falta de protocolos en materia ambiental, sino al incumplimiento de estos. Nos ha comentado que el incumplimiento es un problema extendido en muchísimos países y no solo correspondiente a la política de Brasil.

Aunque casi todos los países de Sudamérica se han adherido a protocolos y convenios como la Cumbre de París (reducción del cambio climático), el protocolo de Río de Janeiro (lineamientos para adecuar las normativas de los países al tratado de Estocolmo de 1972 con el que nace el derecho ambiental), el protocolo de Kyoto (reducción de gases de efecto invernadero) y el protocolo de Montreal (reducción de emisión de gases), la voluntad política para cumplirlos ha sido débil.

Además del incumplimiento, últimamente también se registran instancias de exclusión voluntaria. Considérese el caso de Estados Unidos que, siendo uno de los países más contaminantes e industrializados del mundo, no firmó el protocolo de Kyoto en el último encuentro.

Como puede observarse, la tensión entre política, derecho ambiental y desarrollo sostenible es un asunto que va mucho más allá de Brasil.

Fotografía de incendio en la región de Villa Nova Samuel, cerca del Bosque Nacional Jacundá de Brasil, el 27 de agosto de 2019.

Un legado cultural en peligro

La Amazonía tiene más de 20 millones de habitantes. Muchos de ellos pertenecen a cientos de pueblos indígenas que dependen de la selva para obtener sus alimentos, medicinas y vestimenta. En una sola semana, a mediados de agosto, se reportaron 68 incendios en territorios indígenas y zonas protegidas. Es así que los incendios en la Amazonía suponen también una crisis humanitaria.

Ana Verdú , docente investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UTPL, explica que no solo se ven afectados los hogares de estos pueblos indígenas. El desplazamiento supone para ellos perder también su modo de vida, su cultura, su espiritualidad (que en muchos casos proviene de la relación con la naturaleza), y en último término, su cosmovisión.

Las personas desplazadas son, a menudo, condenadas a la pobreza. Ellas pasan de tener estabilidad en su modo de vida a tener que formar parte de las zonas más pobres de las ciudades. Pese a que su entorno natural y cultural les daba sentido, se ven de repente obligadas a movilizarse a ambientes de distinto régimen para sobrevivir.

Ana indica que aunque la afectación es directa para los pueblos indígenas, al mismo tiempo representa una pérdida a largo plazo para todo el género humano. Ella le llama una “pérdida de memoria humana” pues los pueblos amazónicos simbolizan la posibilidad de contar con un equilibrio del ser humano con la naturaleza: el ser humano debe dejar de concebirse como la única especie de valor sobre la Tierra. Perder esa conciencia nos deja solamente con nuestras formas occidentales de vivir: insostenibles, destructoras, extractivas