El debido proceso penal, es un derecho fundamental que contempla ciertas garantías mínimas para defender los derechos y libertades de las personas que intervienen en un proceso penal. El debido proceso busca la verdad de los hechos, pero esta verdad debe ser conseguida por los medios que la ley establece, contemplando las garantías constitucionales y legales.
El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial, es decir, que regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso.
En Ecuador, antes de que entre en vigencia el Código de Procedimiento Penal del 2000, regía un sistema inquisitivo, en donde el juzgador era juez y parte: investigaba y juzgaba; por tanto, no existían las garantías para un debido proceso penal. Con el CPP del 200, se da un giro en el sistema penal y se recogen los postulados del sistema acusatorio oral. En ese sentido, una de las fortalezas o ventajas de este sistema es la división de las funciones de los actores del proceso penal, garantizando la imparcialidad, independencia, igualdad y legalidad del ejercicio del poder punitivo.
La Constitución Política del Ecuador, promulgada en el año 1998, puso en vigencia el sistema acusatorio adversarial, sistema que fue abalizado por la actual Constitución de la República del Ecuador del 2008 que consagra los principios que deben aplicarse en la administración de justicia, estableciendo que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el año 2014, contempla como normas generales del procedimiento, a la oralidad, dejando claro que el sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad. Este es uno de los principios que rigen el derecho al debido proceso, puesto que, en un modelo acusatorio, el proceso penal es el juicio oral. El desenlace de todo lo actuado durante la investigación, la etapa de instrucción, y la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, ocurren en la audiencia de juicio oral.
Silvana Erazo, Directora de la Maestría en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) comenta que el Art. 5 del COIP, establece 21 principios por los cuales se regirá el derecho al debido proceso penal, entre los que menciona: legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, concentración, contradicción, objetividad, entre otros. Estos principios emanan de la Constitución de la República del Ecuador, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del COIP.
“Este tema y otros de trascendental importancia, se analizan en la Maestría en Derecho Penal, Mención Derecho Procesal Penal, que permitirá a los estudiantes adquirir y desarrollar destrezas y habilidades para el ejercicio profesional en materia penal. Además, el programa cuenta con una planta docente, nacional e internacional, de reconocida trayectoria profesional y científica, garantizando el cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos” enfatizó.
En esta maestría desarrollarás destrezas en materia penal; a fin de resolver los problemas ocasionados por el cometimiento de las infracciones penales.
Sin duda, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los maestrantes favorecerá a la protección de los derechos constitucionales de todas las personas y contribuirá a garantizar la paz social alterada por el cometimiento del delito.
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